Un jurado: las promesas de privacidad de Facebook violaron la ley 43,9 millones de veces

Un jurado de Santa Fe decidió el 25 de septiembre que las declaraciones públicas de Facebook sobre privacidad no eran adorno publicitario sino engaño deliberado según la Unfair Practices Act de Nuevo México. En el formulario del veredicto constan 43.899.720 infracciones. Al máximo legal de 5.000 dólares cada una, la exposición teórica ronda los 219.500 millones.

Nadie espera que esa cifra acabe en un cheque. Lo que importa es el hallazgo que hay debajo: las promesas de una plataforma sobre cómo trata tus datos son afirmaciones comerciales, y un jurado puede declarar que eran mentira.

De dónde salen los 43,9 millones

Esta es la parte que casi todas las reseñas se saltan, y es la que hace legible la cifra. 43,9 millones no es el número de personas perjudicadas. Es aproximadamente el número de declaraciones engañosas multiplicado por el número de usuarios de Facebook en Nuevo México en aquel momento, estimado en unos 2,1 millones, o 1,36 millones con datos de 2020.

Una sola declaración falsa que llegue a cada usuario de un estado de poco más de dos millones de habitantes genera por sí misma millones de infracciones. Solo el bloque de Cambridge Analytica supone más de 18,1 millones del total. Multiplica por los 5.000 dólares legales y sale más que la facturación anual de Meta, y por eso esta aritmética se lee mejor como posición negociadora que como factura.

La frase sobre la que se construyó el caso

El argumento del estado se apoyaba en la distancia entre lo que Facebook decía al público y lo que hacía con el acceso de terceros a los datos. Una línea de 2010 apareció una y otra vez.

Mark Zuckerberg, 2010, según las citas recogidas en el juicio

«No vendemos ni venderemos jamás tu información a nadie».

1. Literalmente la frase es cierta, y el estado no apuntaba ahí: el caso iba del acceso concedido a terceros, no de una venta.
2. Esa estrechez es justo lo que caza el derecho de consumo, porque el criterio es si se indujo a error a un lector corriente, no si la frase aguanta el análisis de un abogado.
3. Que el jurado descartara otras tres declaraciones muestra que no asumió sin más todo lo que el estado planteó.

Qué hace ahora el juez y por qué importa marzo

La sanción por infracción y los cambios que Meta deberá hacer en su operación en el estado los decide el juez Francis Mathew, no el jurado. La vista es el 1 de octubre y el fiscal general Raúl Torrez ha dicho que su equipo pedirá el máximo.

Que eso no sea pura retórica lo demostró marzo. En otro caso de Nuevo México sobre seguridad infantil, un jurado contó 75.000 infracciones, a cada una se le aplicaron esos mismos 5.000 dólares, y salieron 375 millones de sanción más una orden de 567 millones para reparar el daño. El mismo tribunal ya ha enseñado que sube al tope. Con 43,9 millones de infracciones eso es imposible sin llegar a una sentencia que nadie podría pagar, así que lo interesante no es el techo sino la fracción elegida y el contenido de la orden. Las apelaciones se llevarían luego dos o tres años.

Por qué esto viaja más allá de Nuevo México

Las políticas de privacidad las hacen cumplir, si acaso, las autoridades de protección de datos y con la ley de datos. Aquí funcionó otra palanca: el derecho de consumo corriente, el mismo cuerpo de normas que decide si una lavadora hace lo que dice la caja. En ese marco, una afirmación sobre privacidad en un blog o una nota de prensa es una descripción de producto, y un fiscal general no necesita una ley de datos para actuar.

Esa herramienta existe casi en todas partes. Una ley sobre prácticas desleales o engañosas la tienen la mayoría de ordenamientos, casi todas son anteriores a internet, y sus multas se cuentan por infracción, pensadas para un electrodoméstico mal descrito, no para una frase que alcanza a dos millones de personas a la vez. Texas siguió una vía parecida cuando demandó a Meta por sus afirmaciones sobre el cifrado de extremo a extremo en WhatsApp, y el pleito multiestatal sobre seguridad infantil del que hablamos cuando las estimaciones de indemnización llegaban a los billones es la misma idea a gran escala.

El contraste con el otro caso de la semana es ilustrativo. TikTok pactó con Alabama cuatro días antes del jurado, pagando al menos 100 millones y aceptando rehacer su cuenta adolescente. Meta fue ante el jurado y perdió. En ambos casos, quien acaba fijando las decisiones de producto de la empresa es un estado, aquí negociando y allá con un veredicto.