Un juez condena a Meta a pagar 25.000 millones a Nuevo México por engañar sobre privacidad

Un juez de Nuevo México ha condenado a Meta a pagar al estado 25.000 millones de dólares por engañar a los usuarios de Facebook sobre su privacidad, la mayor sanción de la historia de la compañía. El juez de distrito Francis Mathew dictó la sentencia el 21 de octubre en el caso de Cambridge Analytica, un mes después de que un jurado de Santa Fe concluyera que Facebook había infringido más de 43 millones de veces la ley estatal de prácticas desleales. Además, Meta deberá pagar un 15 % de interés anual hasta saldar la deuda, informa The Record.

«Facebook prometió a los usuarios que ellos (los usuarios) controlaban sus datos. Era falso», escribió Mathew, según Associated Press.

La cifra queda entre lo que pedían ambas partes. Con el máximo legal de 5.000 dólares por cada una de las 43.899.720 infracciones del veredicto del jurado, el techo rondaba los 219.500 millones. El estado pedía entre 35.000 y 40.000 millones. Meta sostenía que todo lo que superara unos 3.400 millones sería inconstitucional, y su abogado calificó 40.000 millones de suma que «escandaliza la conciencia». El resultado equivale a unos 570 dólares por infracción, aproximadamente una novena parte del máximo. Solo los intereses del 15 % suman 3.750 millones de dólares al año.

El juez concluye que el engaño venía de la cúpula

Mathew calificó la escala, la duración, la reiteración, el alcance y la intencionalidad de las infracciones como «circunstancias agravantes sustanciales», según The Record. A su juicio, la dirección, incluidos Mark Zuckerberg y la entonces directora de operaciones Sheryl Sandberg, siguió una estrategia calculada para engañar a los consumidores, con una «hoja de canciones» interna para coordinar el discurso público.

Según la sentencia, Facebook siguió prometiendo a los usuarios control sobre sus datos, protección frente al abuso de terceros y una aplicación estricta de las normas cuando su propio personal ya había concluido que la empresa no podía cumplir nada de eso. La investigación «exhaustiva» de los desarrolladores de aplicaciones prometida tras el escándalo de 2018 fue, en palabras del juez, «deliberadamente ineficaz»: la compañía no tenía registros para rastrear adónde habían ido los datos ni forma de obligar a los desarrolladores a borrarlos. Cambridge Analytica obtuvo datos de hasta 87 millones de perfiles mediante una aplicación de test de personalidad y los usó para crear perfiles de votantes en las presidenciales de Estados Unidos de 2016.

El jurado no aceptó todas las acusaciones. Rechazó que Facebook hubiera afirmado falsamente que eliminaba contenido dañino, incluida la desinformación sobre la COVID-19.

El dinero tardará años en llegar

Meta recurrirá. «Confiamos en que ganaremos la apelación», dijo su director jurídico, C.J. Mahoney, quien añadió que la sentencia y el enfoque del fiscal general hacen «prácticamente imposible hacer negocios en el estado de Nuevo México» y que la demanda «busca imponer un impuesto a la libertad de expresión». La apelación podría reducir el número de infracciones y, con él, la multa. El estado también pide una orden judicial que impida prácticas similares.

Según la Constitución de Nuevo México, las multas por protección al consumidor se destinan a la educación. El fiscal general Raúl Torrez calificó la sentencia de «mensaje inequívoco a Silicon Valley» y dijo que el estado quizá haya «pagado la construcción de escuelas para los próximos 100 años», aunque reconoció que el dinero quedará bloqueado mientras dure la apelación.

Como referencia, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. multó a Facebook con 5.000 millones de dólares por el mismo escándalo en 2019, y en 2022 Meta cerró una demanda colectiva relacionada por 725 millones. En agosto, Meta alcanzó un acuerdo con casi todos los demás estados sobre la seguridad infantil, que puso fin al juicio de Oakland. AP lo cifra en 18.000 millones de dólares y, según The Record, incluía una sanción de 459 millones ligada a Cambridge Analytica. Nuevo México y Florida no lo firmaron. En marzo, otro caso de Nuevo México sobre la seguridad de los menores terminó con 375 millones de dólares en sanciones.