Senadores acusan a la administración Trump de ocultar ilegalmente un fallo FISA
Los senadores estadounidenses Ron Wyden y Adam Schiff acusan a la administración Trump de incumplir la ley al mantener en secreto una resolución del tribunal FISA sobre cómo las agencias de inteligencia buscan en los mensajes de los estadounidenses. En una carta al director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y al fiscal general, Todd Blanche, que WIRED reveló el 26 de octubre, exigen antes del 6 de noviembre una explicación del retraso y los nombres de los funcionarios responsables.
El Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC) dictó la resolución en marzo de 2026. Según WIRED, el tribunal objetó unos filtros de búsqueda que permitían a los analistas sacar mensajes de estadounidenses de los datos interceptados sin las autorizaciones, justificaciones por escrito o registros que exige la ley. Aun así, aprobó otro año de vigilancia bajo la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).
Un plazo que la propia administración aceptó
La ley obliga a desclasificar y publicar las resoluciones relevantes del tribunal FISA. La documentación pública de la propia administración dice que estas resoluciones se revisan para su publicación «en un plazo de 180 días desde su emisión». Ese plazo venció el 13 de septiembre. El Brennan Center for Justice confirma que el plazo legal pasó sin ninguna publicación.
La administración ya había prometido publicarla. En abril, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Tom Cotton, y su vicepresidente, Mark Warner, pidieron la resolución en 15 días para que sirviera al debate en el Senado. En julio, preguntado por escrito si la desclasificaría antes de que vencieran los 180 días, Blanche respondió: «Sí». Clayton, que como director de Inteligencia Nacional es el responsable legal de la desclasificación, solo dijo antes de su confirmación que el Gobierno estaba «trabajando arduamente para desclasificarla con rapidez».
«Si esta administración no cumple esta simple directiva legal, no está claro por qué el Congreso o los estadounidenses deberían confiar en que respeta cualquiera de los demás límites legales de la sección 702», escribieron Wyden y Schiff.
Lo que ya se sabe de la resolución del tribunal FISA
The New York Times informó en abril, citando argumentarios no clasificados de la administración, que el tribunal consideró búsquedas sobre estadounidenses las propias herramientas con las que las agencias reducen los datos interceptados a los mensajes de un estadounidense. Por tanto, están sujetas a los mismos límites, y el tribunal ordenó rehacerlas. El Departamento de Justicia está recurriendo partes de la resolución que limitan sus filtros, según una pregunta por escrito del senador Alex Padilla a Blanche.
Un problema parecido ya había salido a la luz. Una resolución del tribunal FISA desclasificada el año pasado describía un «filtro de participantes» del FBI que permitía a los agentes seleccionar a personas en contacto con objetivos de vigilancia y leer sus mensajes. En febrero de 2025, el Departamento de Justicia comunicó al tribunal que la herramienta hacía búsquedas que nadie contabilizaba. El FBI la desactivó y más tarde volvió a activar una versión rehecha.
Unas fichas informativas de las agencias de inteligencia de marzo de 2026 citan una tasa de cumplimiento del 98,9 % en las búsquedas del FBI sobre estadounidenses y no mencionan las conclusiones del tribunal. El inspector general del Departamento de Justicia, en su revisión de octubre de 2025, la situó en el 98,6 % y no pudo concluir que los problemas del FBI con estas consultas fueran «totalmente cosa del pasado». El senador Dick Durbin, que ha leído la resolución, dijo a sus colegas en junio que cambiaría su visión sobre «el papel de FISA y los derechos de los estadounidenses».
Por qué importa ahora
La sección 702 expiró en junio porque el Congreso no la renovó, pero la recogida de datos sigue con la autorización del tribunal de marzo, vigente hasta el 17 de marzo de 2027. Las agencias de inteligencia quieren que el Congreso renueve el programa antes de fin de año. El lunes, Demand Progress y otras 22 organizaciones, desde la ACLU hasta el Project for Privacy and Surveillance Accountability, respaldado por conservadores, pidieron a los líderes del Congreso que no lo renueven mientras la administración oculte la resolución.
Los partidarios de la reforma dicen que la administración podría intentar meter la renovación en la ley anual de defensa, que el Congreso suele aprobar en diciembre. Así se prorrogó el programa cuatro meses en 2023. Por ahora no aparece ni en la versión de la Cámara de Representantes ni en la del Senado. La Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el Departamento de Justicia no respondieron a las preguntas de WIRED.
