El Congreso de EE. UU. pide al tribunal secreto británico que deje a Apple informar a los legisladores sobre la orden de puerta trasera en iCloud

El 11 de septiembre de 2026 el senador Ron Wyden y el congresista Warren Davidson enviaron una carta al presidente del Investigatory Powers Tribunal, el tribunal británico a puerta cerrada ante el que Apple impugna la orden de acceso a los datos cifrados de iCloud. Su queja no es la orden en sí, sino quién tiene permiso para conocerla. Apple comunicó al Congreso que el Reino Unido le permitió informar al fiscal general y al vicepresidente de Estados Unidos, y le prohibió expresamente contar nada más al Congreso.

Cómo llegó el caso hasta aquí

La disputa tiene ya veinte meses y se ha desarrollado sobre todo en filtraciones y autos judiciales, no en escritos públicos, porque una Technical Capability Notice lleva aparejada la prohibición legal de hablar de ella. El orden importa, porque la nueva carta se apoya en que la anterior funcionó.

1. Enero de 2025: el Ministerio del Interior notifica a Apple una Technical Capability Notice al amparo de la Investigatory Powers Act y exige un modo de leer las copias de seguridad cifradas de iCloud de usuarios de todo el mundo.
2. Febrero de 2025: Apple desactiva la protección de datos avanzada para los clientes británicos antes que construir ese acceso; el resto del mundo la conserva.
3. Marzo de 2025: Apple presenta su primer recurso ante el tribunal. Wyden, Davidson y otros legisladores escriben al tribunal para pedir que el caso se vea en público.
4. Abril de 2025: el tribunal rechaza el intento del Gobierno de secreto total y publica los "datos esenciales" del caso, incluidos los nombres de las partes.
5. Finales de 2025: tras las objeciones de Washington, el Ministerio del Interior retira la orden mundial y emite otra más estrecha, limitada a los datos de usuarios británicos. El primer recurso de Apple se archiva por falta de objeto.
6. Agosto de 2026: Apple presenta un nuevo recurso y esta vez cuestiona la potestad misma del Gobierno para emitir estas órdenes.
7. 11 de septiembre de 2026: la segunda carta del Congreso llega antes de la vista de procedimiento que fijará cómo se tramitará ese recurso.

Qué dice la carta

Las dos páginas son inusualmente directas para una correspondencia con un tribunal extranjero. Los autores escriben que es "del todo inapropiado que un órgano ejecutivo extranjero intente dictar la distribución de poderes dentro del Gobierno de Estados Unidos" y que el Reino Unido "no puede defender el control parlamentario en casa mientras usa mordazas administrativas para recortar la autoridad constitucional del Congreso de Estados Unidos". Buena parte de la carta es un argumento sacado de la historia británica: William Pitt llamando al Parlamento "la gran inquisición de la nación", Bagehot, Dicey y la idea de que ningún gobierno puede poner sus exigencias fuera del alcance de los legisladores.

Las peticiones prácticas son tres. Justicia pública en este procedimiento, repitiendo la solicitud del año pasado. Acceso de expertos independientes en ciberseguridad y de las partes afectadas para evaluar la exigencia técnica, que hasta ahora solo han visto las partes y abogados con habilitación de seguridad. Y una resolución que establezca que ninguna exigencia de vigilancia dictada bajo la ley británica puede impedir a una empresa estadounidense informar plenamente al Congreso. La carta cita además a Tulsi Gabbard, entonces directora de Inteligencia Nacional, que calificó la exigencia original de "violación clara y flagrante de la privacidad y las libertades civiles de los estadounidenses".

The Guardian, que vio la carta antes de su envío, informó de que se había pedido comentarios al Ministerio del Interior. El tribunal no está vinculado por nada de lo que escriba el Congreso. Tampoco lo estaba en 2025 y, aun así, semanas después de la primera carta rechazó el secreto absoluto, señalando que las alegaciones recibidas "argumentaban con fuerza a favor de la justicia pública".

Por qué el secreto es la clave

Reducir la orden a los usuarios británicos resolvió el problema diplomático y dejó intacto el técnico. Una capacidad de descifrar las copias de seguridad de un país tiene que existir en los sistemas globales de Apple, y lo único que impide usarla en otro lugar es una decisión política. Esa es exactamente la clase de afirmación que necesita un examen externo, y es la que nadie fuera de la vista a puerta cerrada puede comprobar. Comparamos cómo Rusia, el Reino Unido, Canadá y Australia redactaron sus leyes de puertas traseras; la británica es la única en la que a la empresa afectada se le prohíbe incluso reconocer que la orden existe.

Qué significa esto si usas iCloud

Fuera del Reino Unido, sobre el papel nada ha cambiado: la protección de datos avanzada está disponible y, cuando está activada, Apple no tiene clave alguna de tus copias de seguridad, fotos o notas. Compruébalo en Ajustes, tu nombre, iCloud y Protección de datos avanzada. Si aparece Desactivada, Apple puede descifrar tu copia a petición de cualquier gobierno con una base legal válida, algo que ya era así antes de este caso. En el Reino Unido el interruptor ha desaparecido, y la orden actual trata de lo que Apple debe ser capaz de hacer con los datos que quedan.

La nota honesta sobre las VPN va aquí y cabe en dos frases. Una VPN cambia desde qué red pareces conectarte, no quién tiene las claves de una copia guardada en los servidores de Apple. Para este problema concreto, el único ajuste que importa es si el cifrado de extremo a extremo está activado, y en un país la respuesta la ha fijado una orden que nadie puede leer.