El Congreso de México empuja a los proveedores a cortar a piratas reincidentes sin juez

El Senado de México aprobó el 3 de noviembre, por 72 votos contra 37, una reforma de derechos de autor: para conservar su protección legal, los proveedores de internet doméstico como Telmex e Izzi deberán publicar una política para cortar el servicio a "infractores reincidentes". La Cámara de Diputados aprobó el mismo texto el 7 de octubre, así que ahora pasa al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación. La ley no dice quién es un infractor reincidente y no exige una orden judicial.

Qué dice el texto

La reforma añade una condición al artículo 114 Octies de la Ley Federal del Derecho de Autor. Para seguir protegido, un proveedor debe contar con "una política para la terminación de la provisión del servicio a infractores reincidentes". Debe publicarse de forma permanente en su sitio web e incorporarse a los términos del servicio, y contener "mecanismos mínimos de notificación al usuario".

En sentido estricto, es una condición para la protección y no una orden directa de desconectar a nadie. Según el nuevo artículo 114 Nonies, un proveedor sin política solo responde si además contribuye, induce o causa la infracción con conocimiento de ella, o si puede controlar al usuario y obtiene un beneficio directo. En esos casos, el nuevo artículo 232 Septies permite al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial multarlo con hasta 40.000 veces la UMA, unos 4,7 millones de pesos al valor de 2026.

Desde 2020 México aplica este tipo de regla a plataformas de alojamiento y buscadores, que pueden cerrar cuentas. TorrentFreak señala que el nuevo texto alcanza a los proveedores de acceso doméstico, así que lo que se termina es la propia línea de internet.

Quién decide

El texto no da un número de denuncias ni una definición. "El dictamen deja que cada proveedor decida quién es reincidente", dijo a EL CEO Aurora López-Portillo, directora de Servicios Legales de la firma de propiedad intelectual ClarkeModet. Según ella, los proveedores deberían comprobar si realmente se acreditó una infracción, no solo contar avisos, y dar al usuario la oportunidad de responder. Es lo que ella recomendaría, añadió, no algo que hoy exija la ley.

La oposición planteó lo mismo en el Senado. La senadora del PRI Carolina Viggiano preguntó quién determina que hubo una infracción y cuándo se considera reincidente a alguien. El senador Gabriel Elizondo advirtió que las familias comparten una conexión. Una propuesta anterior de la oposición para exigir una orden judicial antes de suspender el servicio no se adoptó. El abogado de derechos de autor José Roberto Bonilla Bahena afirma que los afectados podrían impugnar un corte mediante un amparo.

El partido gobernante Morena rechaza la etiqueta de "ley antimemes" que los críticos aplican también a una reforma distinta sobre el uso indebido de logotipos oficiales. El senador Manuel Huerta la calificó de exceso, y la senadora Martha Lucía Micher dijo que el vacío normativo había dejado en la indefensión a miles de creadores.

México va en sentido contrario a Estados Unidos

El gobierno propuso el cambio en mayo para alinearse con el T-MEC, y los titulares de derechos de Estados Unidos lo venían pidiendo. En marzo la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el veredicto de 1.000 millones de dólares contra el proveedor Cox. "Una empresa no es responsable de infringir derechos de autor por el mero hecho de prestar un servicio al público sabiendo que algunos lo usarán para infringir", escribió el juez Thomas. En México, no cumplir las condiciones de protección pasa a ser el primer paso hacia la responsabilidad.

El plazo aún no corre. Al 6 de noviembre TorrentFreak no había visto el decreto en el Diario Oficial. Una vez publicado, los proveedores tendrán 180 días, y sus políticas mostrarán cuántas acusaciones hacen falta para perder la conexión. México añadiría así una herramienta a la tendencia más amplia de actuar en la red sin juez, esta vez contra abonados y no contra sitios.