Utah suspende su ley VPN, pero solo para el dueño de Pornhub

06.09.2026 6 min 4

Utah ha aceptado no aplicar la parte de su ley VPN que decide dónde se encuentra un usuario, pero solo frente a una empresa. El 4 de septiembre de 2026 el Departamento de Comercio del estado confirmó un acuerdo con Aylo Freesites, propietaria de Pornhub, presentado ante un tribunal federal: la cláusula de ubicación presunta de la Senate Bill 73 no se aplicará a Aylo hasta que entre en vigor la propia norma administrativa del estado o hasta que el juez resuelva sobre la petición de medida cautelar de Aylo, lo que ocurra antes. La prensa sitúa ese límite el 22 de octubre.

En resumen

  • Es un acuerdo del estado con una sola empresa, no una sentencia que tumbe la ley.
  • Cubre únicamente a Aylo, y solo mientras Aylo siga bloqueando sus sitios en Utah.
  • El resto de sitios afectados por SB 73 sigue expuesto, con 2.500 dólares por infracción.

Qué se ha suspendido de la ley VPN de Utah

SB 73, formalmente las Online Age Verification Amendments, no prohíbe las VPN. Su cláusula discutida dice que una persona físicamente presente en Utah cuenta como usuario de Utah aunque una VPN, un proxy o cualquier otra herramienta haga que la conexión parezca venir de otro sitio. Esa es la cláusula de ubicación presunta, y es la primera vez que un estado de EE. UU. escribe el uso de VPN en el texto de una ley en lugar de dejarlo como un hueco.

El estado fue claro sobre lo estrecha que es la pausa. Su comunicado dice: «Este acuerdo está estrictamente limitado a Aylo y está condicionado a que Aylo mantenga sus restricciones de geobloqueo dentro de Utah». Es decir, el respiro se lo lleva la empresa que ya bloquea por su cuenta a los visitantes de Utah. Aylo, por su parte, dijo al tribunal que considera la norma propuesta fundamentalmente defectuosa, pero que esta prórroga le permite participar en su elaboración.

  1. Se firma SB 73, con entrada en vigor prevista el 6 de mayo.
  2. Aylo Freesites y Aylo Group demandan a Utah por la cláusula de ubicación.
  3. Las partes acuerdan que el estado no aplicará esa cláusula a Aylo durante 120 días, hasta el 3 de septiembre.
  4. El juez David Barlow escucha los argumentos sobre la medida cautelar y no resuelve.
  5. La división de protección al consumidor propone la norma R152-78B, con comentarios hasta el 1 de octubre y entrada en vigor prevista el 8 de octubre.
  6. Se prorroga la pausa, con el 22 de octubre o una resolución anterior como término.

Qué no cambia el acuerdo

En pausa

  • La cláusula de ubicación frente a Aylo
  • Solo mientras Aylo bloquee Utah
  • Solo hasta la norma o la resolución

Sigue vigente

  • El resto de SB 73
  • La aplicación al resto de sitios
  • 2.500 dólares por infracción

La ley alcanza a los sitios comerciales en los que más de un tercio del material se considera dañino para menores y les exige verificar la edad de los usuarios de Utah. El escrito de septiembre no elimina ese deber ni responde a la cuestión constitucional. La petición de medida cautelar sigue sobre la mesa del juez Barlow, y el estado continúa redactando la norma que dirá cómo se aplica en la práctica la cláusula de ubicación.

Conviene no mezclar: un acuerdo entre dos partes no sienta precedente. Si la norma entra en vigor según lo previsto o el juez deniega la medida cautelar, la aplicación se reanuda sin necesidad de aprobar nada nuevo.

Por qué la cláusula de ubicación va más allá de los sitios para adultos

La cláusula traslada la responsabilidad de una forma que llega a los usuarios corrientes. Un sitio no ve a través de una VPN, así que una norma que lo hace responsable de la ubicación real de sus visitantes lo empuja hacia una de dos salidas: verificar a todo el mundo con más dureza o tratar el tráfico VPN como sospechoso y bloquearlo. Ambas recaen sobre quien enciende una VPN por los motivos de siempre: en la red de un hotel o un aeropuerto, en la conexión del trabajo o simplemente para que el proveedor no vea lo que lee.

Por eso no reaccionó solo la industria para adultos, sino también los fabricantes de herramientas de privacidad. Denis Vyazovoy, de AdGuard, llamó a las VPN «herramientas de propósito general para la privacidad y la seguridad», y Gytis Malinauskas, de Surfshark, advirtió de que el enfoque podría «erosionar la privacidad de los usuarios corrientes». Utah tampoco está sola: otros proyectos de verificación de edad chocan con el mismo problema, y este caso es la primera prueba de qué ocurre cuando un estado nombra la herramienta en el texto legal. La ley en sí la analizamos cuando se aprobó: la primera ley de EE. UU. contra las VPN.

Otros estados siguen el caso por un motivo práctico. Las leyes de verificación de edad ya han llegado a tribunales federales en otros sitios, y al menos una fue bloqueada antes de poder aplicarse, así que quienes redactan la siguiente versión esperan a ver qué redacción aguanta. Si el juez Barlow deja en pie la cláusula de ubicación, la frase sobre VPN y proxies se convierte en plantilla para el próximo proyecto; si la tumba, los mismos redactores buscarán cómo escribir la misma exigencia sin nombrar la herramienta.

¿Significa esto que la ley VPN de Utah está muerta?
No. Es un acuerdo temporal para no aplicar una cláusula a una empresa. La ley sigue en pie, el caso está sin resolver y el estado aún termina la norma que explica cómo funciona la cláusula.
¿Usar una VPN en Utah es ilegal ahora?
No. SB 73 impone obligaciones a los sitios web, no a la persona que usa una VPN. La cláusula ordena a un sitio afectado tratar a un visitante físicamente presente en Utah como usuario de Utah aunque esté detrás de una VPN.
¿Por qué la pausa es solo para Aylo?
Porque Aylo es la demandante y aceptó seguir bloqueando sus sitios en Utah mientras dura el caso. El estado dijo que el acuerdo está estrictamente limitado a Aylo, así que el resto de sitios afectados sigue sujeto a la ley.
¿Qué pasa el 22 de octubre?
Ese día termina la pausa, o antes si el juez Barlow resuelve la medida cautelar o entra en vigor la norma de la división. A partir de ahí el estado podrá aplicar la cláusula también a Aylo, salvo que el tribunal diga otra cosa.

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