Una coalición con Google y Cloudflare rechaza que las VPN bloqueen webs piratas
La Internet Infrastructure Coalition (i2Coalition), una asociación del sector entre cuyos miembros figuran Amazon, Cloudflare y Google, ha publicado un informe según el cual obligar a los proveedores de VPN a bloquear webs piratas puede afectar a mucho más que las aplicaciones VPN de consumo. El informe «VPNs at Risk» salió el 21 de octubre, Día Mundial del Cifrado. Lo impulsa la VPN Trust Initiative de la coalición, entre cuyos fundadores están ExpressVPN, NordVPN y Surfshark, así que el sector defiende aquí su propia causa.
«Las VPN forman parte de la arquitectura de seguridad de la que dependen cada día personas y empresas», afirmó Christian Dawson, director ejecutivo de la coalición.
Según el informe, las VPN de consumo y las corporativas comparten la misma base
El argumento central es técnico. El acceso remoto de una empresa, un túnel entre dos oficinas y un servicio VPN de consumo pueden funcionar con los mismos protocolos, como WireGuard y OpenVPN. Las medidas que intentan identificar o bloquear el tráfico VPN por protocolo, puerto o dirección IP «distinguen peor entre distintos usos de la misma tecnología», señala el informe. Las obligaciones impuestas a los centros de datos y proveedores de nube que alojan servidores VPN también pueden afectar a otros clientes.
El segundo argumento tiene que ver con la responsabilidad. El informe cita la sentencia del Tribunal Supremo de EE. UU. de 2026 en el caso Cox contra Sony: saber que algunos clientes abusan de un servicio no basta por sí solo para la infracción contributiva. «Si los proveedores responden solo porque los servicios de uso general pueden usarse indebidamente, tendrán fuertes incentivos para dar de baja a usuarios, restringir el acceso o intervenir de forma preventiva», advierten los autores.
Francia es el principal ejemplo de cómo se extienden estas obligaciones. En mayo de 2025, un tribunal de París ordenó, a petición de Canal+, a NordVPN, CyberGhost, Surfshark, ExpressVPN y Proton VPN bloquear 203 dominios de retransmisiones deportivas piratas, y llegaron más órdenes. El informe describe cómo las obligaciones «impuestas en una capa de Internet pueden migrar a otra» cuando los usuarios esquivan un bloqueo, y recuerda que el bloqueo por IP o dominio puede alcanzar a servicios legales que comparten dirección con el objetivo.
Los demás casos tratan menos de piratería. Las normas indias de conservación de datos de 2022 llevaron a ExpressVPN, Surfshark y NordVPN a retirar sus servidores del país. Rusia, según los informes, bloquea OpenVPN y WireGuard a nivel de red. Reino Unido tomó el camino contrario: después de que la Cámara de los Lores votara en enero de 2026 prohibir las VPN comerciales a menores, el Gobierno estudió los datos, comprobó que los niños apenas usan VPN para saltarse la verificación de edad y optó por otro enfoque.
Los proyectos de ley de EE. UU. aún no están en el informe
En Washington hay dos proyectos de ley rivales sobre bloqueo de webs pendientes, recuerda TorrentFreak. La American Copyright Protection Act del congresista Darrell Issa permitiría a los tribunales ordenar a operadores, resolvedores DNS y proveedores de VPN con al menos 100.000 usuarios mensuales en EE. UU. bloquear webs piratas extranjeras. La DEFEND IP Act de la congresista Zoe Lofgren y el senador Thom Tillis excluye expresamente los servicios que solo ofrecen VPN. El informe no menciona ninguno de los dos. «Esperamos volver sobre la legislación estadounidense en una próxima actualización, a medida que avance el debate», dijo Dawson a TorrentFreak. Issa se retira a final de año y Tillis deja el Senado en enero, así que ambos textos tendrían que avanzar antes de que termine la sesión actual.
El informe no pide una exención general para las VPN. Pide a los legisladores que identifiquen el daño concreto, demuestren que una medida lo reduciría y asignen las obligaciones a quien «pueda razonablemente conocer, controlar y resolver» el problema, consultando pronto a expertos técnicos. También incluye una lista para los proveedores: auditorías independientes, informes de transparencia y cooperación con los procesos legales legítimos. La coalición presenta el informe como un documento vivo que actualizará según avancen los casos franceses y estadounidenses.
