El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha publicado un mensaje urgente a los usuarios en España, advirtiendo sobre una nueva amenaza a las libertades en internet. Según él, el gobierno de Pedro Sánchez prepara un marco legislativo que, bajo la excusa de la «protección», podría convertir al país en un estado de vigilancia digital total.
1. Golpe al anonimato: Biometría para el acceso
Durov pone el foco en el primer punto de la nueva normativa: la prohibición de redes sociales para menores de 16 años con verificación de edad obligatoria. Esto suena a protección infantil, pero en la práctica requiere la implementación de controles de identidad estrictos (DNI o biometría) para todos los usuarios.
El peligro: Esto sienta un precedente para la desanonimización de cada usuario de internet. Lo que comienza con el control de menores abre las puertas a la recopilación masiva de datos de todos los ciudadanos, destruyendo la posibilidad de una comunicación libre y anónima.
2. Censura por miedo: Cárcel para ejecutivos de TI
La segunda señal de alarma es la introducción de responsabilidad penal para los directivos de las plataformas. Si el contenido «ilegal» o «nocivo» no se elimina al instante, los altos ejecutivos se enfrentan a penas de prisión reales.
Según Durov, esto conducirá inevitablemente a la hipercensura. Para evitar riesgos, las plataformas eliminarán cualquier opinión controvertida, crítica política o periodismo de investigación. Tu voz podría ser silenciada simplemente porque desafía el status quo.
3. Criminalización de algoritmos y la «huella de odio»
Las nuevas leyes proponen tipificar como delito la promoción algorítmica de contenido «nocivo», así como obligar a las plataformas a informar sobre cómo «alimentan la polarización».
- Cámaras de eco del Estado: Las autoridades dictarán exactamente qué ves en tu feed, reemplazando la libre exploración de ideas por propaganda curada.
- Herramienta de represión: Definiciones vagas de «odio» permitirán etiquetar cualquier crítica al gobierno como «divisiva», llevando a multas y bloqueos a la oposición.
