A finales de 2025, Europa da un giro brusco de la protección de las libertades digitales a una regulación estricta. Mientras en Bruselas se discute el control de las aplicaciones de mensajería, Dinamarca se prepara para convertirse en el primer país de la UE en criminalizar a los usuarios comunes por usar VPN para eludir el geobloqueo.
1. Precedente danés: Delito por ver Netflix
El Ministerio de Cultura de Dinamarca ha presentado un proyecto de ley para modificar la Ley de Derechos de Autor. La iniciativa, que debería entrar en vigor en julio de 2026, tiene como objetivo crear una llamada «prohibición tecnológicamente neutral de la piratería en línea».
Sin embargo, bajo la definición de «equipo ilegal» ahora caen no solo los decodificadores físicos, sino también las soluciones de software — VPN y servidores proxy. Si antes usar una VPN para acceder a la biblioteca estadounidense de Netflix era solo una violación de los términos de servicio (Terms of Service), la nueva ley propone convertir esto en un delito.
2. Multas para ciudadanos y cárcel para vendedores
El proyecto de ley divide claramente la responsabilidad, pero por primera vez introduce riesgos directos para los consumidores comunes de contenido.
- Particulares: Los ciudadanos que utilicen una VPN para ver contenido no disponible en su región (geobloqueo) pueden ser objeto de multas. En la nota explicativa se indica que la prohibición se extiende a la «posesión y uso» de tales medios.
- Sector comercial: La distribución, venta o publicidad de herramientas para eludir bloqueos conlleva un castigo más severo — hasta 1 año y 6 meses de prisión.
3. Contexto paneuropeo: Las libertades disminuyen
La iniciativa danesa no es un caso aislado, sino que encaja en la tendencia general de «apretar las tuercas» en la UE en 2024–2025. El espacio digital se vuelve cada vez más transparente para las autoridades.
Paralelamente a la ley danesa, continúan los debates en la UE en torno al reglamento Chat Control. Aunque el escaneo obligatorio de la correspondencia se pospuso debido a las protestas, la nueva versión de la ley hace hincapié en la «detección voluntaria» y la estricta verificación de la edad, lo que conduce efectivamente a la desanonimización de los usuarios de internet.
